“Leopoldo Arnaiz Eguren, el arquitecto que trabajó simultáneamente para el Ayuntamiento de Boadilla y para el Santander en la construcción de la Ciudad Financiera en el municipio madrileño, ha tenido en sus oficinas a 114 trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social. Según el acta de la inspección del Ministerio de Trabajo, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el urbanista debe pagar 3.371.161,97 euros, correspondientes a las cotizaciones en el Régimen General de la Seguridad Social de los citados 114 empleados entre noviembre de 2008 y marzo de 2011, incluido un recargo del 20 por ciento.

Un inspector de trabajo descubrió que Arnaiz Consultores S.L. tenía a sus empleados como falsos autónomos, facturando nóminas mensuales pese a que, por su relación con la empresa, tenían que haber sido dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. Entre noviembre de 2010 y abril de 2011, el técnico del Ministerio mantuvo numerosas reuniones con los responsables del estudio, que reconocieron las infracciones y colaboraron con la investigación. El acta refleja que Arnaiz Consultores ha infringido “en cada uno de los 114 casos” lo dispuesto en trece artículos de la Ley General de la Seguridad Social y en otros quince de distintos reglamentos y ordenanzas. Este empresario ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Pero Arnaiz contraataca con recortes: tras la inspección, el empresario se vio obligado a dar de alta sus trabajadores, pero les comunicó que a partir de ese día su sueldo sería reducido en un 37,35%, exactamente el equivalente a las cuotas de la Seguridad Social que desde ahora tiene que asumir el empresario. Por si no fuera poco obligó a los trabajadores un nuevo sistema remunerativo según el cual deberían “renunciar voluntariamente” a otro 30% de su sueldo, que pasa a ser variable en función de objetivos y que, según las fuentes consultadas, todas de primer orden, estigmatiza a quien se niega a firmarlo. Esas condiciones son para los afortunados que mantengan su puesto de trabajo, ya que Leopoldo Arnaiz está preparando un expediente de regulación de empleo que afectará a entre el 60 y el 70% de la plantilla., es decir, se irán a la calle unos 130 trabajadores.

La crisis del ladrillo ha pasado factura a la veintena de empresas que forman el grupo Arnaiz, aunque su patrimonio sigue siendo inmenso. No debemos olvidar que el arquitecto es el dueño de una estructura opaca de 33 empresas que está al margen de sus compañías oficiales y que acumula en inmuebles (suelo y construcciones) no menos de 500 millones de euros, entre los que se encuentran los dos edificios de oficinas que alquiló al Banco Santander. Sólo en Boadilla del Monte las empresas pantalla de Arnaiz acumulan parcelas valoradas en unos 70 millones de euros. Esta estructura paralela, que la utiliza para operar en los municipios donde trabaja simultáneamente para el Ayuntamiento y para sí mismo, está perfectamente descrita en una denuncia contra el arquitecto que tramitan los juzgados de lo mercantil de Madrid.” (El Confidencial 10/10/2011)

En una entrevista reciente el empresario sancionado dijo: “Una empresa funciona gracias a la voluntad de la gente y a las relaciones personales, que son muy importantes”. (Cinco Días o2/06/2011) Sería difícil entender que las 114 relaciones con sus empleados no hayan sido importantes, lo que si han sido hasta ahora es muy rentables. En Arnaiz Consultores S.L. un arquitecto cobraba antes de la inspección 1.500 €. mensuales, de los cuales tenía que descontar 225 de la retención y 285 de la cuota mínima de la Seguridad social, quedandole 990 €. Hoy, con la reducción aplicada, su sueldo queda en 939,75 €. con lo que la empresa les ha arañado -aprovechando el papeleo- algo más de 50 € al mes a cada uno de ellos, suponemos que para sufragar los gastos de abogados y costas de los últimos juicios de tipo laboral que han salpicado a la empresa.

Hay que recordar que no es el primer acto delictivo de la red de empresas de Leopoldo Arnaiz: imputado en las irregularidades cometidas en diversas operaciones urbanísticas de Alcorcón, relacionado con el Tamayazo, implicado en el pelotazo de la Ciudad de la Banca en Boadilla donde se compraron terrenos a 24 €. y vendieron recalificados a 12.000, acusado por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, personaje asiduo de los juzgados que tiene en nómina 34 personas para asuntos jurídicos, más que urbanistas o ingenieros, imputado también en Boadilla del Monte por tráfico de influencias, implicado en las estafas a familias de El Casar y un personaje que sabe cómo manejar dinero y suelo siempre dentro de la condescendiente legalidad de este país.

P: Muchos de los beneficios obtenidos por Arnaiz Consultores proviene de las arcas públicas: obras de edificación, de urbanización, servicios de logística y asesoría, luego ¿cómo es posible que el Estado o las Comunidades sigan contratando a una empresa que tiene a 114 trabajadores ilegales, sin pagar impuestos por sueldo, sin contrato y sin estar cotizando en la Seguridad Social?.

R: La falta de unión laboral -y en esta empresa el individualismo es total- permite a los empresarios traspasar el límite de la ley cuando les plazca: tener a la gente sin contrato, modificar el sueldo a su conveniencia, despedir a quien quiera o resulte molesto sin consecuencias. Habría que estudiar los últimos casos contra esta empresa para ver la cantidad de atropellos laborales que se cometen al margen de estos 114 últimos.

P: ¿Cómo se continúa contando con empresarios esclavistas como éste para millonarios proyectos de arquitectura y urbanismo?.

R: Mientras Arnaiz Consultores S.L. ha sido sancionada, por ejemplo Terralia Construcciones S.L., otra empresa de la misma red empresarial de Arnaiz, se presenta a concursos públicos con toda la documentación en regla. En España -además de otras muchas barbaridades- se permite esta ambigüedad en el campo de la contratación pública.

P: Además de devolver las cotizaciones de estas 114 personas no pagadas a la Seguridad Social durante casi 3 años, un 20% de recargo es una sanción adecuada?.

R: La sanción por estacionar sin pagar los 20 céntimos (que es el mínimo) es de 90 €. Eso se traduce nada menos que en un recargo del 450%. La sanción del 20% impuesta es de aproximadamente 675.000 €., que para la red de empresas en cuestión es un 0,00135% de su capital. Es como si te llegara a casa una multa de 24 céntimos (20 mas la sanción del 20%), nadie echaría dinero en los parkímetros. Lo mismo ocurre en el ámbito laboral. Las sanciones a empresarios esclavistas como este señor son tan bajas en comparación con lo perpetrado, que si lo sumamos al hecho de que no existe proceso penal por algo así, lo increíble es que no haya más empresarios que sigan los pasos de este señor.

P: ¿Es legal reducir el sueldo de los empleados en una cantidad igual a lo que cuesta su cotización con el fin de ahorrarse el pagar ésta?.

R: No es ilegal porque los empleados ni siquiera tienen un contrato que indique por escrito el sueldo a percibir, sus condiciones o sus derechos. El sistema laboral de la empresa está llena de normas: fichar para ir al baño, días de vacaciones obligatorias, cumplimiento de objetivos, días de puente que consumen días de vacaciones, etc., pero ningún tipo de contrato. No sería una locura pensar que acabara haciendo con la Administración lo mismo que con sus empleados: pedirles un aumento de honorarios para poder afrontar la sanción que ésta le impone.

P: ¿Es cierto que las 349 personas que Arnaiz Consultores tiene en plantilla no poseen un lugar para comer?.

R: Si. Desde el traslado al nuevo edificio es usual ver a la gente comiendo en la calle, sentados en bancos y bordillos. El edificio, que ha costado más de 15 millones de euros, no tiene comedor ni lugar habilitado para ello, solamente un restaurante con lo que no queda otra opción: consumir en él o comer en la calle.